SANTO DOMINGO. Horas antes de la entrada en vigor del arancel de 12.5 % impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y crea un mecanismo para investigar y bloquear esos productos.
La medida estadounidense comenzará a aplicarse a las 12:01 de la madrugada de este viernes y forma parte de la decisión de Washington de sancionar a los países que, a su juicio, carecen de controles eficaces para impedir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La República Dominicana quedó incluida en el grupo gravado con el 12.5 %, la tasa más alta establecida.
El decreto otorga a la Dirección General de Aduanas la facultad de investigar, retener y prohibir la importación de mercancías sobre las que existan indicios de haber sido producidas mediante trabajo forzoso, mientras que el Ministerio de Trabajo actuará como órgano técnico para evaluar cada caso. También obliga a los importadores a suministrar información sobre sus cadenas de suministro.
La norma obliga además a los importadores a suministrar información sobre sus cadenas de suministro, faculta a Aduanas a retener preventivamente mercancías bajo sospecha, crea un registro de productos cuya importación haya sido prohibida y garantiza el derecho de defensa de los afectados mediante procedimientos administrativos.
En los considerandos, el decreto cita expresamente los compromisos asumidos por el país en el DR-Cafta y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la necesidad de fortalecer la integridad de las cadenas de suministro y preservar la reputación comercial de la República Dominicana.
La coincidencia temporal entre ambas decisiones resulta significativa. Mientras Washington concluyó que la República Dominicana no había adoptado o aplicado de manera suficientemente eficaz una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, el Gobierno dominicano respondió el mismo día con un marco administrativo destinado precisamente a llenar ese vacío.
Aunque el decreto difícilmente alterará la aplicación del arancel que entra en vigor esta madrugada, sí constituye una señal de alineamiento con las exigencias planteadas por Estados Unidos y podría fortalecer la posición dominicana en una eventual revisión futura de las medidas comerciales.
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